Presidenta Xiomara Castro tras cancelación del TPS: “Nuestros migrantes hondureños no están solos”

Washington D.C. — El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. confirmó la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, cuyo periodo de gracia concluirá el próximo 8 de septiembre de 2025, poniendo en riesgo a más de 76,000 personas, según estimaciones oficiales.

El TPS, vigente desde 1999 tras el huracán Mitch, permitiría a cerca de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses residir legalmente y trabajar en EE. UU. Una vez expire, perderían protección contra deportación y permisos de trabajo.

📣 Mensaje de la presidenta Xiomara Castro

A través de su cuenta en X, la Secretaría de Prensa del gobierno hondureño difundió un mensaje de la presidenta Castro, quien calificó la cancelación del TPS como “un duro golpe para nuestros migrantes hondureños” y aseguró que el Estado “acompañará a los connacionales afectados en este proceso” .

Miles afectados

Se estima que esta decisión afecta a aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, muchos de los cuales han vivido por décadas en EE. UU., con trabajos estables, hijos nacidos en el país y vínculos comunitarios profundos.

Una vez finalizado el periodo de gracia —a las 11:59 p.m. del 8 de septiembre— estos migrantes perderán sus permisos de trabajo y protección contra la deportación, a menos que hayan logrado regularizar su estatus por otra vía.

Opciones de retorno y reacciones

El DHS ha anunciado que ofrecerá opciones de retorno voluntario con apoyo logístico, incluyendo boletos aéreos gratuitos y hasta 1,000 dólares por persona como incentivo para regresar a sus países de origen.

Sin embargo, organizaciones de derechos migratorios como la National TPS Alliance y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han calificado la medida de “arbitraria e inhumana”. Siete beneficiarios del TPS presentaron una demanda federal contra la administración, argumentando que esta decisión vulnera derechos y desestabiliza familias que han contribuido de forma activa a la sociedad estadounidense.

Una de las demandantes expresó:

“He hecho todo como se supone que debía hacerlo. Ahora me dicen que perderé mi empleo, mi casa, y la posibilidad de cuidar a mi familia. Es devastador”.

En tanto se resuelven las acciones legales, se recomienda a los beneficiarios del TPS que consulten con abogados de inmigración lo antes posible para conocer sus opciones y evaluar alternativas, como solicitudes de asilo, visas humanitarias o ajuste de estatus por vínculos familiares.

Por su parte, empleadores deberán verificar el estatus migratorio de sus trabajadores protegidos por TPS antes del vencimiento, ya que sus permisos laborales dejarán de tener validez después de septiembre.

Con esta decisión, el futuro de miles de centroamericanos en EE. UU. queda en suspenso, en un contexto de tensiones migratorias y posturas políticas cada vez más restrictivas.