Nayib Bukele anuncia la puesta en marcha de un nuevo plan de control para "extraer" a pandilleros
"Cercar delincuentes nos permite hacer los procesos de extracción sin que estos puedan huir a otros lugares", remarcó el mandatario salvadoreño.
El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, anunció el miércoles la puesta en marcha de la 'quinta fase' de su Plan de Control Territorial (PCT) contras las pandillas, denominada 'Extracción'.
Según explicó el mandatario durante un evento con las Fuerzas Armas, la estrategia consiste en sustraer a todos los pandilleros que continúan delinquiendo en barrios y comunidades de todo el país, mediante la instalación de cercos de seguridad que les impidan escapar.
"Cercar delincuentes nos permite hacer los procesos de extracción sin que estos puedan huir a otros lugares (...) prácticamente tienen que quedarse adentro esperando a que vayamos por ellos", detalló Bukele.
Ante 14.000 miembros del Ejército, el jefe de Estado explicó que luego de ser detenidos por las fuerzas de seguridad, los delincuentes deberán ser entregados a las autoridades correspondientes, quienes serán las responsables de procesarlos, de acuerdo con las normativas en materia penal introducidas en el país en marzo.
Bajo las nuevas disposiciones, los condenados por liderar un "grupo terrorista" enfrentan de 40 a 45 años de prisión en lugar del máximo legal anterior, de 14 años. Mientras tanto, quien colabore o sea miembro de una pandilla será castigado con 20 a 30 años de prisión frente a los tres a seis y tres a cinco, respectivamente, que se establecía previamente.
La "guerra contra las pandillas"
El plan de control territorial fue anunciado por Bukele en junio de 2019, apenas 20 días después de tomar posesión de su cargo. Esta estrategia, que pretende acabar con la delincuencia en El Salvador, consta de siete fases, de las cuales cinco ya están en vigor (preparación, oportunidades, modernización, incursión y extracción).
Sin embargo, el plan recrudeció el pasado mes de marzo, cuando el mandatario decretó la llamada "guerra contra las pandillas" tras la decisión del Congreso de aprobar un estado de excepción. La medida permite efectuar detenciones sin autorización judicial y suspende algunos derechos y libertades constitucionales. Desde entonces han sido detenidas más de 55.000 personas, todas etiquetas por el gobierno de "terroristas" y "pandilleros".
