Congreso Nacional aprueba juicio político y suspende a funcionarios del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.— La decisión del Congreso Nacional de Honduras de admitir el juicio político contra cuatro funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con su consecuente suspensión inmediata, ha generado una fuerte controversia política y acusaciones de persecución por parte de sectores de oposición.

El proceso fue aprobado con 91 votos a favor en una sesión marcada por protestas en el hemiciclo, divisiones políticas y la renuncia de una de las funcionarias involucradas durante la lectura de las denuncias.

Los funcionarios incluidos en el proceso son:

• Marlon Ochoa

• Mario Morazán

• Lourdes Maribel Mejía Estapé

• Gabriel Gutiérrez Peralta

  
  

Con la admisión de la denuncia, los cuatro funcionarios quedan suspendidos de sus cargos mientras avanza el proceso legislativo, que contempla audiencias de descargo y análisis de pruebas.

La medida ha sido respaldada por los impulsores del proceso dentro del Congreso, quienes sostienen que se trata de un mecanismo constitucional de control político ante presuntas irregularidades en la gestión electoral. Sin embargo, sectores de la oposición y los funcionarios señalados han cuestionado la decisión, calificándola como una posible persecución política en un contexto de alta polarización institucional.

Durante la sesión, diputados del Partido Libre realizaron protestas en el hemiciclo, lo que llevó a la presidencia del Congreso a advertir posibles sanciones administrativas, incluyendo la suspensión de salario por hasta 15 días para los legisladores involucrados.

El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, calificó la jornada como “un día oscuro para la institucionalidad del país” y cuestionó la legalidad y motivación del proceso, asegurando que los funcionarios señalados no han cometido delitos y que su actuación responde a sus funciones institucionales.

El juicio político continuará su trámite en las próximas semanas con la integración de una comisión legislativa que deberá sustanciar el expediente y emitir un informe al pleno del Congreso.

En medio de la tensión política, el caso abre un nuevo capítulo de confrontación entre fuerzas políticas con posiciones encontradas sobre el uso del juicio político como herramienta de control o instrumento de presión institucional.